La Paz: Pérdidas valoradas en 18 millones de dólares son el resultado hasta la fecha de las medidas de presión de la oposición en Bolivia, sobre todo los bloqueos de caminos, aseveraron hoy fuentes gubernamentales.

Según el Ejecutivo, la mayor cantidad de los daños, unos 10 millones de dólares, se concentran en la oriental ciudad de Santa Cruz, pese a las advertencias del oficialismo.

Los cierres de vías desde el pasado 25 de agosto, que se realizan en Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, integrantes del Consejo Nacional Democrático (CONALDE), también impiden la entrada a esas regiones de alimentos, combustible y otros productos de primera necesidad.

La postura inflexible del CONALDE de convocar a paros y hasta la toma de plantas distribuidoras de gas natural, como ocurrió en la localidad de San Lorenzo, es criticada incluso por empresarios privados.

Las medidas de presión responden a la exigencia de que el gobierno devuelva a los territorios los ingresos por impuestos petroleros, que el país utiliza en planes sociales, conducta estimada como egoísta.

La crisis interna provocada por cívicos y prefectos de la autodenominada Media Luna también preocupa a naciones vecinas como Brasil, que ven amenazados los suministros de carburantes.

Bolivia suministra diariamente a Brasil 30 millones de metros cúbicos de gas natural, 25 por ciento de todo el consumo.

Representantes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) advirtieron también sobre una posible crisis de abastecimiento de gas licuado en Santa Cruz y Tarija.

El bloqueo de rutas también afecta a exportadores argentinos, ya que se calculó que unos 400 camiones de ese país se encuentran varados en zonas limítrofes, cargados de productos como harina, lácteos y frutas, entre otros.

Al respecto, la víspera, el presidente Evo Morales alertó que la nación se encuentra bajo la amenaza de un golpe civil promovido por los adversarios políticos.

En ese sentido, ratificó la voluntad de defender la democracia y las entidades del Estado ante los planes de desestabilizar el país y frenar el proceso de cambios iniciado en enero de 2006.